En medio de la coyuntura política y constantes debates en el Congreso de la República de temas disciplinarios a sus propios congresistas o legislaturas que intentan ver temas importantes y prioritarios para el país, pero que en muchos casos no se logran culminar por falta de tiempo o interrupciones, la mesa directiva del Congreso ampliará la legislatura hasta enero del 2019 para atender y dar camino a los diversos proyectos que se encuentran en espera, como es el caso de Agrobanco, entidad estatal que ya lleva prácticamente paralizada dos años.
El Banco Agropecuario - Agrobanco fue creado en el año 2001 y relanzado en el 2007 con el objetivo de ser el principal instrumento de apoyo financiero del Estado para el desarrollo sostenido y permanente del sector agropecuario, pero que a partir del año 2012 este banco empezó a pasar por una situación de crisis debido a diversos problemas siendo los principales el deterioro de la cartera y la estructura deficiente.
Esta crisis se dio luego de la aprobación de la ley de presupuesto del año fiscal del 2012, por lo que se dispuso que Agrobanco se podía endeudar directamente por aprobación de su directorio y ya no requería autorización del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para endeudarse como lo era en años anteriores. Desde entonces Agrobanco empezó una agresiva negociación de préstamos con acreedores del exterior, lo que produjo una abundancia de liquidez para ser colocada, decidiendo otorgar créditos a medianos agricultores, pues era la manera más rápida de colocar los fondos líquidos obtenidos, desviando el sentido de la entidad, siendo el mismo directorio quien calificaba si una empresa era mediana o no.
Otra situación desfavorable de dio en el año 2016 cuando el directorio de Agrobanco estableció una tasa de interés de 5% para los créditos otorgados por el fondo Agroperú, mientras que la tasa de los créditos otorgados por el banco se mantuvo en alrededor de 19%; lo que produjo un ambiente de malestar entre los agricultores que se valían de créditos de financiamiento de Agrobanco.
Ante toda esta cadena de problemas y la crisis de Agrobanco que ha obligado a reducir drásticamente el financiamiento que otorga a los productores agropecuarios, el actual gobierno del presidente Martín Vizcarra presentó un proyecto de ley este 2018, el cual propuso la creación de Mi Agro, nueva entidad financiera que absorbería a Agrobanco, luego de fallidos intentos de inyección de recursos a esta entidad para poder recuperarla. En lo planteado, Mi Agro otorgaría créditos exclusivamente al pequeño productor y que también avalaría la deuda derivada de los créditos otorgados a Agrobanco por entidades financieras.
A pesar de ser una propuesta interesante ante la agónica situación de Agrobanco, el hecho que MI Agro absorba todo su capital social y financiero implicaría el continuismo de la actual estructura y las limitaciones que presenta, además que no sería supervisado por la SBS, tal como ocurre con Cofide o el Fondo MiVivienda, lo que provocaría un proceso inadecuado de toma de riesgos por parte del Estado.
En toda esta situación que fue llevada al debate en el Congreso de la Republica por varios meses, recién en diciembre de este 2018 se logró dar luces a una solución luego de un consenso entre las Comisiones de Economía y Agraria, en la que se descartó la implementación de la propuesta del Ejecutivo (Mi Agro) y se llegó a un consenso se reflotar Agrobanco con un dictamen que fortalecerá sus funciones como entidad financiera dedicada a otorgar créditos a productores del sector agropecuario.
El dictamen aprobado propone, la escisión de su cartera morosa y de un aporte de capital por parte del MEF de S/100 millones y la formación del directorio de Agrobanco por cinco representantes: dos independientes, uno del MEF, uno de Conveagro y otro del Minagri; así también busca un tratamiento especial para agricultores deudores que gestionen hasta cinco hectáreas, ya que solo pagarán el capital de la deuda, mientras que los que tienen más de cinco hectáreas pagarán el capital más los intereses.
Se espera entonces que con el anuncio del presidente del Congreso de ampliar la legislatura hasta el 30 de enero del 2019, y que en esta legislatura extraordinaria se pueda resolver este tema, ya que Agrobanco va encaminado a entrar en un régimen de vigilancia por parte de la SBS tras haber perdido más del 39% de su capital en los últimos 12 meses, lo que mantiene preocupados a los agricultores en el Perú ya que requieren fondos para poder financiar el abonamiento y la cosecha, lo que ha hecho que en muchos casos aumente la pobreza rural por las pérdidas generadas.
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