Saturday, 25 July 2020

Martin (2020). Mentiras y Políticas Públicas: ¿Una cuestión de expectativas?

José-Manuel Martin Coronado
Chief Economist, EMECEP Consultoría
Director y Profesor Principal, Instituto de Econometría de Lima.

Uno de los aspectos críticos de las políticas públicas es la gestión de expectativas, una actividad necesaria para cualquier regulador (Martin, 2013), pero requiere algo más que jugar limpio: mentir. En este punto, se podría herir muchas susceptibilidades, pero dicha afectación subjetiva no es suficiente para negar lo evidente. Tampoco se trata de una mentira burda, sino tal vez, una "versión oficial de los hechos".

Recordando el pasado, la crisis de los años ochenta en el Perú, se debió esencialmente a un problema de expectativas. El gobierno afirmaba que tenía todo bajo control, bajo una preconcepción omnisciente, y simplemente regulaba de manera explícita la economía, en particular los precios. Sin embargo, el sector privado vivía otra realidad. Se ajustaba y especulaba. La especulación generó la "bola de nieve" crítica. 

En concreto, si un empresario observa que los precios de sus productos van a subir, se va a ver tentado a subirlos también, buscando obtener mayores márgenes de ganancia. Y estos precios subían, contrario a lo que afirmaba el Gobierno, sino por lo que se observaba en el mercado mismo. Bajo la premisa que resulta irracional no aprovechar ese margen adicional, es que se subían los precios. 

Pero la historia no termina ahí. Además de ello, los precios de unos son los costos de otros. Y en este caso, existiría una presión real para la subida: la reducción del margen de ganancia por el lado de los costos. La regulación explícita no podía contener estas presiones a los precios, por lo tanto se generó una reacción en cadena de la inflación, conocida también como inflación. Esto claramente, además de la emisión monetaria, que término por lapidar al Sol de Oro y al Inti. 

Este ejemplo sencillo nos permite tomar como lección aprendida que la regulación explícita no es la única manera de hacer políticas públicas. Es más, es la manera más riesgosa, pues en muchos casos asume que el agente económico se comportará tal cual se espera de dicha norma regulatoria. La realidad es diferente, pues los agentes se comportarán, valgan verdades como "mejor les parezca", lo cual no necesariamente implica un comportamiento racional como en los libros de economía. 

En dicho contexto, nace la regulación implícita en las políticas públicas, donde es necesario controlar previamente a los agentes económicos, estudiarlos, analizarlos, conducirlos y direccionarlos, para asegurar la eficacia de la política pública a ser ejecutada. Sería ingenuo en estos tiempo lanzar políticas públicas con la esperanza que la población se comporte como sugieren los modelos económicos de los papers, la teoría o los libros. 

De este modo, este argumento invalidaría en parte la naturaleza económica racional del ser humano como agente decisorio. Este proceso de decisión debe ser "guiado" por la "mano invisible" paternalista del sector público. Por supuesto, se trata de una concepción que aquellos economistas en favor de la libertad no pueden admitir explícitamente, pero tal vez sí implícitamente a través del uso de mentiras conductrices.

¿Qué serían las mentiras conductrices? En el sentido general, se trata de toda versión oficial del Gobierno con la finalidad de no generar una reacción contraria al abanico de acciones viables del sector público. Por ejemplo, una corrida bancaria en principio es algo inmanejable para el Gobierno, por lo menos en un primer momento. Existe una pérdida significativa de riqueza. Otro ejemplo, sería el éxodo o migración masiva y rápida de una población de un lugar a otro. 

Para evitar que ocurran conductas humanas consideradas irracionales en los libros de texto, pero bastante lógicas, desde una perspectiva individual, si se considera el temor o la aversión al riesgo innata de un ser humano, es que el Gobierno puede ofrecer estas mentiras conductrices. Así, para evitar una corrida bancaria, se ofrece una "zanahoria", las transferencias monetarias a través de bonos. El costo real de ello es oculto y ocultado, pero la esperanza se mantiene latente y se contiene a la población para que utilicen y aprecien el sistema financiero. En otras palabras, el anuncio tiene más efecto que la medida misma. 

Otro caso de interés son las publicaciones de las cifras oficiales de COVID-19. A partir de cierto momento, estas cifras eran ínfimas comparadas con las actuales. Para evitar que haya un pánico colectivo en etapas muy tempranas del virus, puede ser preferible retrasar publicaciones ó tener una valla más elevada para la consignación de casos, de modo que se observe que el virus aún no se encontraba extendido. Si las cifras actuales hubieran sido publicadas en los meses de abril o mayo, hubiera habido un pánico. 

Lamentablemente, la realidad es otra. Y un componente elemental de las política pública de la mentira conductriz es el control indirecto de los medios de comunicación, a través de la persuasión o el vínculo económico. Los incentivos empresariales pueden ser suficiente razón para controlar a los medios de comunicación dependientes de éste, de tal manera que la información pública pueda ser gestionada de una manera consistente con la información oficial. 

Desde un enfoque económico puede decirse que el quid del asunto se encuentra en las expectativas. El ser humano es un ser de expectativas futuras, esperanza puede decirse, en tratar de anticiparse a eventos ó desear eventos futuros. Y esta expectativa puede ser una motivación suficiente para generar incentivos previsibles para un policy maker, y dado este marco de referencia, la política pública tendrá menor probabilidad de tener resultados inesperados. 

¿Es Ético utilizar mentiras condutrices de las expectativas? Si bien es una lección aprendida del pasado, como consecuencia de Gobiernos de facto que sólo han generado choque entre el sector privado y público, se trata de una solución hasta cierto punto lógica. El problema se encuentra si esta mentira genera una política pública que es peor que la solución alternativa (no caótica) que podría haberse generado libremente. 

En otras palabras, la única alternativa humana no puede ser la caótica o el pánico, aunque a veces puede ser la más probable y la más dañina. Pero si al final esta mentira termina generando un resultado dañoso para el agente económico individual pero factible para los intereses de sostenibilidad gubernamental (ya sea financiera o política) podría ser altamente cuestionable y hasta ilegal. ¿El interés de sostenibilidad del Gobierno  es lo mismo que el interés público? He ahí la cuestión.


Lima 25 de julio de 2020.


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